El propósito del Consejo de Certificación de la Gestión Escolar es promover el mejoramiento y asegurar la calidad de la gestión de los establecimientos escolares de educación básica y media en nuestro país.

Sus objetivos específicos son los siguientes:

Mejorar la calidad de la educación: porque establece normas y estándares de excelencia en la gestión, que constituyen referentes para los establecimientos escolares, los que son públicamente conocidos y muestran la imagen deseada de la forma en que la escuela debe planificar sus acciones y recursos, organizarlos, ejecutarlos y evaluarlos. Esto genera expectativas y tensiona positivamente a las organizaciones hacia la mejora de sus procesos y resultados.

Mejorar y garantizar procesos y resultados escolares: por sí misma, la revisión de la gestión genera un movimiento organizacional que desencadena cambios y promueve la disposición hacia la mejora. En los establecimientos que alcanzan el estándar, la certificación garantiza que los procesos y resultados reúnan ciertas características esperadas. En aquellas que no los alcanzan, la certificación ha contribuido a identificar cuáles son las variables e interacciones claves para mejorar la efectividad escolar.

Mejorar la equidad de la educación: si bien la escuela no puede reducir la desigualdad social por sí misma, mediante la certificación, puede asegurar que su propio funcionamiento y desempeño no estén profundizando dichas diferencias y que, en el mediano plazo, puede mejorar las oportunidades y recursos de los más pobres.

Informar en forma transparente sobre la calidad de la oferta educativa existente: la comunidad nacional y local tiene derecho a decisiones informadas, en especial sobre instituciones que, como las organizaciones escolares, desarrollan procesos graduales donde se tiene certeza de sus efectividad luego de varios años. La certificación ayuda a saber cómo funcionan las escuelas y cómo se han cumplido los objetivos, proporcionando criterios y argumentos para evaluar los logros y las acciones cuando sea necesario.

Definir contribuciones y responsabilidades de cada cual: la certificación permite identificar los establecimientos y sostenedores que son más efectivos en la administración de recursos y obtención de resultados, al igual que aquellos que cumplen con el estándar.

Fortalecer las capacidades de aprendizaje y mejoramiento institucional: los establecimientos que participan de un proceso de certificación son organizaciones que aprenden de sí mismas, puesto que están dispuestas a revisarse y a ser revisadas, identificando fortalezas, debilidades y ausencias. La certificación despliega un proceso de preguntas sucesivas acerca de los criterios y prácticas de gestión vigentes, y el estándar actúa como criterio de contraste entre lo observado y lo no observado.

Orientar políticas públicas: el estado puede incluir los resultados de la certificación como un criterio para establecer el grado de impacto de las políticas educacionales; además, permite identificar a los establecimientos que cumplen con el estándar y focalizar la asignación de recursos y asistencia técnica focalizada a aquellos que no lo alcanzan.

Permitir la realización de comparaciones y valoraciones en base a parámetros objetivos: en los países donde se practica la certificación, los establecimientos escolares requieren de un reconocimiento público de las capacidades y valores que desarrollan, de la calidad de los conocimientos logrados por los alumnos, del uso eficiente de los recursos en su gestión y de los demás parámetros que mide la certificación. Ello, con el fin de establecer comparaciones, reconocimientos y lograr una clara identificación del establecimiento ante los usuarios, los gobiernos, o las instituciones internacionales, para que éstos tomen decisiones que les competen y conozcan las características de la oferta y los resultados educativos.